polémica Expediente al juez Calamita por retrasar una adopción a un matrimonio de lesbianas

El Poder Judicial le había abierto otro por retirar la custodia a una madre homosexual
Autor:
Natalia Bore
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Fecha de publicación:
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27/9/2007
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La polémica sigue creciendo en torno al juez Fernando Ferrín Calamita, titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, especializado en familia. Si a finales de julio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya le había abierto un expediente a raíz de la resolución por la que retiró la custodia de sus hijas a una mujer por su supuesta homosexualidad, el mismo órgano de gobierno de la judicatura vuelve a recurrir a este procedimiento. Esta vez, la causa es el retraso acumulado en la tramitación de una adopción solicitada por un matrimonio de lesbianas. El nuevo expediente es también por falta grave.
El matrimonio se queja de que la adopción, cuyo trámite inició en mayo del 2006, se ha convertido en «un viacrucis de trabas y dilaciones absolutamente injustificadas por parte del juez», quien ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad y niega haber retrasado a propósito el trámite. Pero el Servicio de Inspección considera incongruente y también manifiestamente dilatorio que el juez acordara practicar una diligencia (concretamente, un informe psicológico) que luego calificó de innecesaria.
Posible retraso malicioso
Dos vocales de la minoría progresista de la comisión disciplinaria del CGPJ pidieron que se remitiese el asunto a la Fiscalía General del Estado para que valorara si los hechos pueden ser constitutivos de delito por retraso malicioso en la tramitación de una causa, aunque la propuesta no prosperó al oponerse los otros tres miembros.
La comisión también acordó, por unanimidad, archivar la información previa abierta a Ferrín Calamita tras la queja presentada por un médico que solicitaba que se evaluara la capacidad del juez de Murcia para el ejercicio de su trabajo.
Ferrín Calamita ya había sido objeto de la apertura de otro expediente, también por falta grave, el 25 de julio, por utilizar en la resolución por la que retiró la custodia de sus hijas a una mujer supuestamente lesbiana «expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas, o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico».
En el citado auto, el juez comparaba la homosexualidad con «la condición de toxicómano, pederasta, prostituta o la de un miembro de una secta satánica», entendiendo que influye en la dejación de las funciones parentales, perjudica a los menores y «aumenta el riesgo de que estos también sean homosexuales».
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las faltas graves pueden sancionarse únicamente con una multa de entre 300 y 3.005 euros.
Fernando Ferrín Calamita se encuentra de baja médica desde finales de julio, cuando se hizo público su polémico auto de retirada de la custodia.